Declaratoria libre de minería prohíbe renovación de licencias a Inversiones Los Pinares

Como resultado de la presión ciudadana, la municipalidad de Tocoa, Colón, hizo efectiva la certificación de la declaratoria “territorio libre de minería”. Las comunidades se oponen a la explotación minera en el sector de La Abisinia, Ceibita, San Pedro y Guapinol, donde se libra una lucha contra la instalación de la empresa minera Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé.

La declaratoria libre de minería se hizo a través de un cabildo abierto, el pasado 29 de noviembre de 2019. Las comunidades llevaban más de un año exigiendo a la corporación municipal, que encabeza Adán Fúnez, la realización del cabildo, pero la negativa de las autoridades retrasó el proceso de consulta, provocando un conflicto socio ambiental que ha acarreado asesinatos, desplazamiento forzado y criminalización de al menos 30 personas, de las cuales 8 están privadas de libertad actualmente.

A través de redes sociales la empresa minera mantiene una campaña asegurando que la decisión tomada en el cabildo abierto no es vinculante con las operaciones que actualmente están desarrollando. Según el empresario, el Estado de Honduras a través de los entes encargados, tienen la responsabilidad de seguir facilitándoles los permisos de operación y la licencia ambiental para su funcionamiento.

Los permisos de operación son otorgados por la municipalidad, sin embargo, con la declaratoria está prohibido renovar ese permiso a Inversiones Los Pinares, y a las otras empresas que extraen minerales de ríos y quebradas, tal como manda la declaratoria hecha por el pueblo y certificada por las autoridades, dijo en Radio Progreso el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric, Pedro Landa.

Según Landa, la alcaldía tampoco puede otorgar permisos a empresas que por primera vez quieran realizar actividades mineras en Tocoa. “La declaratoria que certificó la municipalidad es muy general”, por ende, está comprometida a no permitir ninguna actividad minera en el municipio, dijo el investigador.

Las comunidades aglutinadas en el Comité Municipal Ambiental en Defensa de los Bienes Naturales de Tocoa, se han reunido para analizar los escenarios que podrían presentarse luego de la declaratoria, y para establecer las acciones encaminadas a lograr la liberación de los 7 ambientalistas presos en la centro penal de Olanchito, Yoro, y del defensor preso en La Ceiba, Atlántida.

Un escenario que podría presentarse es que, la corporación municipal de Tocoa, haya renovado el permiso de operación a la empresa días previos al cabildo. “Aquí estarían cometiendo el delito de Dolo”, dice Pedro Landa explicando que el Dolo es la voluntad consciente, encaminada u orientada a la perpetración de un acto que la ley tipifica como delito e implica prisión para quienes lo cometan.

Según el Comité Ambiental, a la empresa Inversiones Los Pinares se le vence la licencia ambiental en 2019. El documento es renovado por la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente), a raíz de una constancia extendida por la Unidad Ambiental Municipal (UMA), en la que se haga constar el estado del proyecto (si ha iniciado operaciones y si se encuentra en un área ambientalmente frágil). 

En septiembre de 2019, el Congreso Nacional aprobó las reformas por adición de varios artículos de la Ley General de Minería, iniciativa que tiene por objeto regular las actividades mineras y metalúrgicas en el país. Es importante destacar que anteriormente los artículos que fueron reformados habían sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia.

Con la aprobación de estas reformas, la ejecución de las actividades de exploración y explotación minera deben realizarse de conformidad a los estándares internacionales contenidos en los convenios suscritos por el Estado de Honduras, en materia de protección del ambiente, por lo que no deberá comprometerse la salud de la población y la seguridad pública.

Asimismo, previo a la solicitud de explotación la autoridad minera solicitará a la corporación municipal realizar una consulta ciudadana cabildo abierto en un plazo no mayor de 90 días, la decisión que sea adoptada será vinculante para el otorgamiento de la concesión.

“Si el resultado de la consulta ciudadana fuere de oposición a la explotación esta no podrá volver a realizarse después de un año, previo a la instalación de una mesa de desarrollo social”, añade el decreto aprobado en el Congreso Nacional.

Esto significa que la autoridad minera no puede pasar por encima de la voluntad del pueblo, al otorgar los permisos y licencias ambientales a empresas en proceso de exploración y explotación. En otras palabras, la decisión tomada en el cabildo abierto de Tocoa, es vinculante con las operaciones que actualmente realiza Inversiones Los Pinares, porque se le estarían cerrando las puertas para la renovación de sus licencias.

“Además, la ley de minería contempla el principio de precaución”, dice el investigador, señalando que, en el caso de Tocoa, ha quedado demostrado que este proyecto ha provocado pérdidas de vidas humanas, daños ambientales y psicológicos a la ciudadanía que tiene familiares desplazados y privados de libertad.

Con la declaratoria de “Territorio Libre de Minería”, las comunidades de Tocoa, Colón  han dado un paso importante en la lucha por derogar las 33 concesiones mineras que el Estado de Honduras ha otorgado sin consulta. Sin embargo, reconocen que la lucha no es fácil, porque Inversiones Los Pinares pertenece a una de las familias política y económicamente poderosas del país. Que además, ha provocado un conflicto socio ambiental grave en la región, con la concentración de grandes hectáreas de tierra para la siembra del monocultivo de palma africana.

A pesar de esto, la ciudadanía sigue luchando por la liberación de sus presos políticos y por liberar a su municipio de Inversiones Los Pinares que amenaza el parque nacional Carlos Escaleras y directamente la vida de la gente del Sector San Pedro y Guapinol.