Fiscalía de Nueva York acusa a “El Tigre” Bonilla de tráfico de drogas y delitos con armas

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, acusa al exdirector general de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares de tres cargos de conspiración para importar drogas y delito de armas.

–Bonilla ha sido marcado como un forajido y acusado de crímenes que podrían enviarlo a una prisión estadounidense “de por vida», según la fiscalía neoyorkina.

Según la fiscalía neoyorkina, el exjefe policial podría pasar el resto de su vida en prisión de ser encontrado culpable, o un mínimo de 10 años en prisión.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York, acusa al exjefe de la Policía Nacional hondureña, Juan Carlos Bonilla, de tráfico de drogas y delitos con armas.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York Juan Carlos Bonilla Valladares presuntamente abusó de su posición oficial para proteger los envíos de cocaína y asesinó a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de la policía nacional hondureña

Geoffrey S. Berman, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Wendy Woolcock, Agente Especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), anunciaron hoy que Juan Carlos Bonilla Valladares, «El Tigre», fue acusado en la corte federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. 

El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Juan Carlos Bonilla Valladares, el exjefe de la Policía Nacional de Honduras, presuntamente abusó de sus cargos en la policía hondureña para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico. 

Como se alega, en nombre del excongresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente, Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a Estados Unidos, utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo, y participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración, cita el documento publicado este jueves. 

Añade que ahora Bonilla Valladares ha sido marcado como un forajido y acusado de crímenes que podrían enviarlo a una prisión estadounidense “de por vida».

Refiere que la agente especial a cargo de la DEA, Wendy Woolcock, dijo: “Juan Carlos Bonilla-Valladares supuestamente usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajan para él y proteger violentamente a los narcotraficantes políticamente conectados que contrabandearían cocaína con destino a los Estados Unidos. Como se alega, esta fue una violación flagrante y horrible del juramento de Bonilla-Valladares para proteger a los ciudadanos de Honduras. La presentación de estos cargos es otra acción positiva tomada por los Estados Unidos para llevar a los funcionarios corruptos ante la justicia».

Según las acusaciones contenidas en la demanda que acusa a Bonilla Valladares, la evidencia presentada en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado en el Distrito Sur de Nueva York, y las declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado.

Desde aproximadamente 1995 hasta 2013, Valladares se desempeñó como miembro de la Policía Nacional de Honduras, ocupando cargos incluyendo, entre otros, jefe de la división de homicidios en San Pedro Sula; jefe de la Policía de la ciudad El Progreso, departamento de Yoro; y jefe de Policía de la ciudad de Quimistán, departamento de Santa Bárbara.

Entre 2005 y 2013, Valladares trabajó con miembros de una organización de narcotráfico conocida como Los Cachiros, que era un prolífico y violento sindicato criminal que se basaba en conexiones con políticos, personal militar y fuerzas del orden para transportar cocaína a, dentro y desde Honduras, según la acusación.

Añade que durante ese tiempo, y mientras Bonilla Valladares supuestamente estaba haciendo cumplir la ley como oficial de policía, participó en la organización criminal de Los Cachiros participando en actos de violencia, incluyendo varios asesinatos, y apoyando sus actividades de narcotráfico.

Por ejemplo, aproximadamente en 2008, Bonilla Valladares participó en un tiroteo en un club nocturno que dejó varias personas muertas. Antes del tiroteo, los entonces líderes de Los Cachiros —Devis Leonel Rivera Maradiaga y Javier Heriberto Rivera Maradiaga— y un congresista hondureño también trabajaron con Los Cachiros y acordaron matar a un individuo en represalia por la violencia relacionada con las drogas.

Leonel Rivera y Javier Rivera atrajeron a la víctima de un club nocturno en San Pedro Sula donde se produjo un tiroteo en el que Bonilla Valladares participó disparando su arma, asegura el documento.

Agrega que varios miembros del equipo de seguridad de la víctima fueron asesinados durante este incidente. Bonilla también participó en otros actos de violencia con Los Cachiros.

En octubre de 2011, Bonilla condujo a Leonel Rivera a un aeropuerto de San Pedro Sula para observar un tiroteo entre miembros de Los Cachiros y traficantes de drogas rivales, que dejó seis personas muertas. Antes del tiroteo, Leonel Rivera le dijo a Bonilla que estaría presenciando una «guerra». Y aproximadamente en 2012, ayudó a Leonel Rivera a matar a dos individuos identificándolos como autores de un asesinato y ayudando en su secuestro.

Bonilla también fue una parte significativa de las operaciones de narcotráfico de Los Cachiros. En varias ocasiones, acompañó a Leonel Rivera durante el transporte de drogas; estaba presente en las pistas de aterrizaje cuando Los Cachiros recibieron cantidades sustanciales de medicamentos; y se comunicaron con Leonel Rivera mientras Los Cachiros transportaban drogas a través de Honduras, cita el documento publicado por la fiscalía neoyorkina.

Señala que Bonilla también llevó un arma de fuego durante parte de esta conducta y estuvo presente con equipos de seguridad armados con rifles de asalto.

Para cometer estos crímenes, aprovechó su cargo como miembro de la Policía Nacional de Honduras. El abuso de su cargo comenzó aproximadamente en 2004 cuando conoció a Leonel Rivera y acordó poner fin a una investigación que había identificado a Leonel Rivera como el autor de un homicidio.

Durante la siguiente década, y mientras Bonilla ascendía en las filas de la Policía Nacional de Honduras y recibía premios por su supuesta conducta honorable, continuó utilizando su posición para ayudar a Los Cachiros.

Por ejemplo, Valladares (i) convenció a un testigo de no presentar cargos contra Leonel Rivera por un homicidio; información proporcionada.

Bonilla reclutó a otros oficiales de la Policía Nacional de Honduras para ayudar a Los Cachiros; trabajó con otros policías corruptos para retirar un camión incautado de un local seguro para recuperar aproximadamente 100 kilogramos de cocaína a cambio de aproximadamente 80 mil dólares en moneda estadounidense; y recuperó 2 millones de dólares en moneda estadounidense en ganancias de narcotráfico que fue incautada por las fuerzas del orden y la devolvió a Los Cachiros.

Además de la pena de prisión, Bonilla Valladares, de 43 años, fue condenado a cuatro años de libertad supervisada.           

Otros seis exmiembros de la Policía Nacional de Honduras, entre ellos, Mario Guillermo Mejía Vargas, Víctor Oswaldo López Flores, Ludwig Criss Zelaya Romero, Juan Manuel Ávila Meza y Carlos José Zavala Velásquez, también están acusados en este caso de armas de fuego y/o delitos de narcotráfico relacionados con una conspiración separada para importar cocaína a los Estados Unidos.

Cada uno de esos individuos se ha declarado culpable en un tribunal federal, junto con el co-conspirador Fabio Porfirio Lobo. El 5 de septiembre de 2017, Lobo fue condenado a 24 años de prisión; el 6 de febrero de 2018, Flores fue condenado a cinco años de prisión; y el 27 de junio de 2018, Velásquez fue condenado a 12 años de prisión. Los acusados restantes esperan sentencia sin cargo del juez Schofield.

El Sr. Berman elogió los extraordinarios esfuerzos de la División de Operaciones Especiales de la Unidad bilateral de investigaciones de la DEA, la Fuerza de Huelga de Nueva York y la oficina de Tegucigalpa en el país. El señor Berman también agradeció a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos su asistencia continua.

Este caso está siendo tratado por la Dependencia Internacional de Terrorismo y Estupefacientes de la Oficina. Asistentes de los fiscales estadounidenses Emil J. Bove III y Matthew Laroche están a cargo de la acusación.

Comunicado tomado del sitio web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.